Ley de Seguridad Interior

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LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

 Lorenzo Meyer

07 Dic. 2017

La red institucional del gobierno es un entramado lleno de agujeros. En esa red y en términos comparativos, las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas (FFAA) no salen tan mal paradas. Quizá por eso, el poder civil -muy desprestigiado como conjunto- ha optado por abdicar de algunas de sus potestades y obligaciones esenciales en favor de los militares. Su apuesta es que un uso más decidido y ágil del Ejército logre lo que ellos, los civiles, no pudieron: revertir la ola de violencia que en la última década quizá rebase los 250 mil homicidios. 

Eso es lo que implica la llamada Ley de Seguridad Interior (LSI). Pero ¿realmente es esa una solución o, por el contrario, su promulgación va a heredar al nuevo gobierno y a la sociedad mexicana un problema mayor?

Son varias las lecturas que puede tener la LSI que "Los Pinos" y los mandos militar y naval han ordenado o presionado al partido del gobierno y a los gobernadores para que la aprueben y evitando la discusión de fondo que exige. Y es que la LSI amplía la discrecionalidad con que las FFAA van a seguir actuando en una lucha en la que ya se han empeñado desde hace años aunque sin resultados decisivos.

La más obvia de las interpretaciones de la LSI es que significa la admisión del gran fracaso de las élites civiles en una de las tareas que justifican su razón de ser... o de no ser: dar seguridad a la vida y bienes de los ciudadanos. 

Durante la campaña electoral de 2012, Enrique Peña Nieto (EPN) fue tajante: "Mi mayor compromiso si gano en julio las elecciones será reducir la violencia". 

Para ello, aseguró, ya tenía una "Estrategia Nacional para Combatir la Violencia" que giraba en torno a "atender la pobreza, crecimiento económico para el empleo [la meta era un incremento del PIB del 5% o 6% anual], mayor cobertura educativa, programas sociales focalizados" (http://www.imdhd.org/doctos/sistematizacion-propuestas-EPN-campana-electoral-12.pdf). 

Al final, su parte medular, el crecimiento económico, falló. 

Según Coneval, si en 2012 había 53.3 millones de mexicanos clasificados como pobres, en 2016 ya eran 53.4 millones. El crecimiento promedio del PIB apenas si rebasó el 2%.

Desde el gobierno se asegura que de fines de 2012 a la fecha se ha capturado o eliminado a la mayoría de los 122 jefes de la delincuencia organizada que se dijo eran los más buscados, empezando por Joaquín El Chapo Guzmán. La meta casi se ha logrado, pero ha resultado una victoria pírrica, pues nunca como en lo que va de 2017 "se había matado tanto en tan poco tiempo": 2,764 asesinatos sólo en octubre (El País, 22/11/17). Además, el negocio mismo de los cárteles va en ascenso. Sus ingresos provenientes de Estados Unidos se calculan entre 19 y 29 mil millones de dólares anuales (CNN Library, 16/05/17). 

Si bien la producción y exportación de marihuana al país del norte ha decaído, lo contrario sucede con la heroína. En 2003, México proveía al mercado norteamericano del 10% de su demanda, hoy es el 90% (The Washington Post, 30/05/17).

La guerra contra el crimen organizado la encabezan las FFAA desde hace once años. Esta guerra se ha hecho cada vez más cruenta y brutal y se han abierto nuevos frentes -el del "huachicol"- pero nada indica que se esté ganando, simplemente se está extendiendo y prolongando. 

La LSI que está por aprobarse ¿realmente tiene el potencial de revertir la situación?

Que las FFAA puedan decidir por sí mismas cuándo, dónde y cómo intervenir, que recaben toda la inteligencia (espionaje) que quieran y que sólo entreguen un informe de lo hecho al Congreso y que únicamente rindan cuentas a un Presidente que no necesariamente tiene ya la capacidad de controlarlas ¿realmente hace el entorno más difícil para el crimen organizado?

Lo que la LSI sí puede cambiar es la actual relación del Ejército con esa parte de la sociedad inconforme con el sistema de poder y que cada vez se muestra más dispuesta a plantarle cara al gobierno. 

En países no democráticos o de democracia débil -y el nuestro es de esos-, darle a las FFAA la posibilidad de interpretar qué es la seguridad interior y qué la amenaza -en la práctica, esa seguridad es siempre la de los gobernantes, no la de los gobernados- es abrir la puerta a algo de lo que México ya tiene experiencia. 

Por ejemplo, la matanza de los que protestaban en León, Guanajuato, contra el fraude electoral en enero de 1946. 

La represión, y por la misma razón, de los henriquistas en La Alameda de la Ciudad de México en 1952. 

También el fraude fue el origen de la represión por el Ejército de los partidarios del doctor Salvador Nava en San Luis Potosí en 1961. 

Desde luego, está la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y sobre la cual el Presidente de entonces declaró que esos inermes inconformes eran movidos por poderes extranjeros.

Las elecciones fraudulentas de este año en el Estado de México y Coahuila quizá sean el prolegómeno de las que se preparan para 2018. 

Con la LSI aprobada, ¿qué papel jugaría entonces el Ejército? 

En fin, que la respuesta a nuestra grave crisis política y de seguridad no está en ampliar el campo de acción de las FFAA con la LSI sino en esa policía que pudo empezar a formarse desde hace mucho y que no existe. Esa sí hubiera sido una reforma estructural histórica y positiva, pero no hubo la visión ni la capacidad para hacerla.

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